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La COB y la nacionalización de las minas

Después de los combates, los trabajadores bolivianos se reunieron el 16 y 17 de abril de 1952 para crear la Central Obrera Boliviana (COB). Las masas insurrectas vieron la necesidad de unirse y crear una organización propia que les representara en el proyecto revolucionario, no obstante la militancia de sus dirigentes en el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

La primera resolución que aprobaron fue el respaldo a Juan Lechín y Germán Butrón para que sean ministros del gobierno de la Revolución Nacional. Así se iniciaba el cogobierno o en definitiva la lucha contra la derecha del MNR para dirigir el Estado. La segunda resolución delineaba un programa revolucionario: “Luchar por la Nacionalización de Minas, Ferrocarriles y Revolución Agraria, diversificación industrial y creación de nuevas fuentes de riqueza como base fundamental de nuestra soberanía económica y de mejoramiento socialcultural y material de la masa asalariada”.

Con la Nacionalización de las Minas esperaban poner fin a la expoliación de la riqueza nacional y la explotación del trabajador boliviano. Desde la época de la colonia, la riqueza de la plata y el trabajo esclavo de los mitayos crearon riquezas en otros lares, impulsando el desarrollo industrial de Europa. En el siglo XX le tocó al estaño ser protagonista de la nueva revolución industrial. El Súper Estado Minero construyó su imperio en el exterior, aunque su capital se originara en los socavones de Bolivia. Patiño controlaba las minas, las fundiciones y la banca como base de su imperio.

Internamente, esta acumulación se dio a través de: el pago del derecho a la exportación del mineral fue de un mísero 3% del valor bruto del mineral; la instalación en Inglaterra y Estados Unidos de las fundiciones de estaño; la retención en el exterior de las divisas generadas por las exportaciones de los minerales; la determinación del tipo de cambio de la libra esterlina o el dólar, en detrimento del valor del peso boliviano; la declaración de la inexistencia de utilidades en las empresas en territorio boliviano, aunque éstas eran bonancibles en el extranjero; la no declaratoria de otros metales agregados en los concentrados de estaño; los míseros salarios y pésimas condiciones de vida y trabajo en los campamentos mineros.

El anuncio de la nacionalización, el 11 de abril de 1952, provocó por parte de los empresarios la suspensión de envíos de insumos para la minería, el resguardo de sus bienes y el inicio de un cerco para hacer fracasar la nacionalización. Esta situación llevó a los trabajadores a plantear que trabajarían solo por la pulpería (sin sueldo), a la vez que exigían la construcción de hornos de fundición en el país, para lo que estaban dispuestos a aportar económicamente.

Sin embargo, pronto empezó a ceder el gobierno del MNR, acordando una indemnización a los “barones del estaño” y garantizando la provisión del estaño a las fundiciones de Patiño. La fundición de estaño de Oruro recién se hizo realidad en 1971.

Mientras tanto se abandonó la idea de la industrialización con base en la minería, para imponer una visión de diversificación y vertebración del país. Así, con los recursos de las minas se construyó el camino asfaltado Cochabamba-Santa Cruz, se dio paso al plan de colonización del Oriente, se garantizó mercado a la naciente agroindustria con precios subvencionados por las minas, se potenció Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que, fundado en 1936, seguía refinando el petróleo en la Argentina. Se mantuvo un tipo de cambio en contra del interés de la empresa estatal minera (Comibol) y a favor de los importadores del MNR. Treinta años después, Guillermo Bedregal diría que Comibol nunca dejó de ser rentable, solo que mantenía al país.

La traición a la nacionalización de las minas se dio al romper la cadena productiva, creando GEOBOL para hacer exploración en el país y la fundición de estaño, al margen de la Comibol, causando choque de intereses; además se le quitó la facultad de exportación y por tanto de financiamiento. Durante el gobierno de la UDP, el tipo de cambio diferencial sepultó a la Comibol, dando la imagen de una empresa en quiebra. Dictado el 21060 en agosto de 1985, los trabajadores mineros plantearon un plan de emergencia para salvar la empresa estatal minera, con un tipo de cambio real. La respuesta fue el cerco a la Marcha por la Vida y la relocalización.

Hoy pareciera que estamos como en 1952: la minería es el principal rubro de exportaciones del país pero la minería estatal está reducida al 6% del sector, está vigente la libre exportación y los exportadores no entregan las divisas al país, somos uno de los primeros productores de indio y éste no figura en la lista de nuestras exportaciones, seguimos exportando concentrados —plomo, plata y zinc— con costos para su fundición superiores al 50% del valor de exportación. Comibol se ha convertido en simple arrendatario de sus yacimientos, descuidando la producción y la industrialización: las condiciones de vida del minero, particularmente los trabajadores de las cooperativistas, son paupérrimas.

Seguimos soñando que nuestras riquezas nos pertenezcan y que sean la palanca para superar el atraso. ¿Será necesario otro sacudón para movilizar la conciencia y la fuerza del pueblo? Creemos que sí, ojalá sea con el aporte decidido de la histórica COB.

Por José Pimentel Castillo, dirigente sindical minero.

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